Estamos ante un nuevo caso esperpéntico que se produce en nuestro país cada vez que hay oposiciones: cada taifa convoca cuando, como y lo que le da la real gana. Vivimos en un país, pero en realidad son 17 (más las dos ciudades autónomas, no lo olvidemos), y de esos 17 hay unos que son privilegiados con respecto al resto. Me refiero a aquellos que, en base a una supuesta diferencia basada en la lengua, privilegian a sus ciudadanos, haciendo al resto de los españoles ciudadanos de segunda.
Galicia, Cataluña, País Vasco, Baleares, Valencia y, en parte, Navarra, tienen la posibilidad de dar a sus maestros y licenciados trabajo de profesores, y éstos, a su vez, tienen la opción de examinarse en el resto de regiones españolas. Los demás tan sólo pueden examinarse donde no tengan que conocer alguna lengua distinta al castellano, con lo cual sus posibilidades de trabajar disminuyen, vulnerándose uno de los principios fundamentales de la Constitución de 1978: la igualdad de todos los españoles.
Hoy, 9 de febrero, se está planteando uno de estos problemas, pues se suponía que este año iba a haber oposiciones de primaria en todas las comunidades. Sin embargo, ante la no convocatoria por parte de algunas autonomías (como Cataluña, que va a convocar sólo secundaria), las demás se verán obligadas a no convocar tampoco, pues las que decidan hacerlo sufrirán una avalancha de opositores.
La convocatoria en Castilla y León está en el aire, esperando a ver qué hacen los demás, puesto que la no convocatoria en Madrid supondría que miles y miles de personas se presentarían aquí, con el consiguiente caos y perjuicio para los interinos que llevan años en lista esperando una oportunidad para no tener que irse de su tierra. Esperemos que impere la cordura y no se convoquen o, de convocarse, se discrimine positivamente a los castellanoleoneses, que para eso pagan impuestos y viven en esta comunidad desde siempre. ¡No queremos seguir siendo españoles de segunda!
